El cooperativismo argentino ha sido consecuente en la defensa del bien común. Forjado durante décadas en las necesidades de sus asociados, en sus posibilidades de generación y financiamiento de proyectos, y en su capacidad de autogestión, ha batallado en épocas de bonanza económica del país y en medio de las crisis más profundas.
En ese marco, es bienvenido el proyecto de declaración de interés público nacional para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos y la recuperación del control de YPF. Recursos estratégicos y no renovables como el petróleo y el gas no podían seguir en manos de monopolios privados de lucro. Nunca debió ocurrir. El control debe ser del Estado, como representante de los intereses del conjunto o directamente de los usuarios, organizados a través de empresas autogestionarias.
En total acuerdo con Cooperar, auspiciamos la formación de una alianza estratégica entre el Estado (nacional, provincial y municipal) y las empresas democráticamente controladas por sus usuarios, como son las cooperativas, “para garantizar la defensa de los intereses de la comunidad en la provisión de todos los servicios que resultan de carácter estratégico para el desarrollo económico, para el equilibrio regional y para la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país: energía, servicios sanitarios, salud, educación y medios de comunicación, entre otros”.
Ojalá, con el correr de los tiempos, la fecha del 16 de abril (momento en que la presidente Cristina Fernández de Kirchner reveló el proyecto de expropiación) represente el ingreso a una nueva etapa para Argentina. La medida logró conjugar la historia de YPF (con todas sus contradicciones) y las expectativas, presentes y futuras, de millones de personas.
Sin dudas, los contextos políticos juegan fuerte y presionan para que algunas medidas puedan o no tomarse en un determinado momento. Y las medidas las toman los hombres, los dirigentes, los funcionarios, los legisladores, es decir, personajes de carne y hueso que deben hacerse cargo de sus propias decisiones. Demandar coherencia en el mundillo de la dirigencia política puede resultar un contrasentido, una falsedad; incluso puede resultar retrógrado si la supuesta coherencia impide revisar lo actuado aun cuando los resultados demuestran la necesidad de cambios.
Quien pueda tirar la primera piedra que lo haga. En septiembre de 1992 los menem y los matzkin, triste producto histórico de las insolubles crisis económicas y sociales, aprobaron por ley la privatización/extranjerización de la principal empresa estatal en el contexto de una Argentina en franco retroceso social, sin esperanzas, desesperada. Pero eso, escondido en la idea de la seguridad jurídica, no puede ser eterno.
El desafío que se abre es tan importante como la expectativa que se ha creado. Existirá ahora una inmensa oportunidad de demostrar que el manejo del Estado Nacional, junto a las provincias, además de legítimo puede ser eficiente. El tiempo dirá pero este desafío excede al actual gobierno para constituirse en un reto del conjunto social, en el que las cooperativas tenemos para decir y aportar.

Consejo de Administración